«Ineficaz e irregular». Esa fue la descripción que la Inspección General de Justicia realizó con respecto al fideicomiso de Santiago Maratea, destinado a recaudar fondos para pagar deudas de Independiente. Ricardo Augusto Nissen, titular del organismo, presentó un dictamen mediante el que exigió un cambio en la locación de contrato, ya que el mismo radica en Neuquén. También pidió la designación de un interventor para controlar la colecta.
eLa medida de la IGJ despertó un aluvión de comentarios de usuarios de redes sociales. Y Maratea explotó. «Santi Manotea es tendencia porque IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades. Ahora les preguntó, ¿alguien leyó cuáles son la irregularidades que marca? Jajajaj lean, chicos. Spoiler alert: están quedando como unas ridículas», fue el descargo del influencer en su cuenta de Twitter (@santumaratea1.
El monto recaudado ya es de 811.439.019 pesos. Como el dólar oficial está a $ 249, son u$s 3.258.791, de los que hay que descontar el 5% que le corresponde a Maratea y los gastos de abogados y escribanos. También se juntaron 4.230.000 pesos por la subasta de camisetas de jugadores (16.987 dólares).
El último monto recaudado que fue informado por Maratea.
El pedido de la IGJ
La IGJ cuestionó la locación en la que se estableció el fideicomiso: «La inscripción registral ha sido efectuada ante el Registro Público de Contratos de Fideicomiso del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén en lugar de hacerse en Buenos Aires donde se en cuenta el domicilio de la razón social del club».
Claudio Levy, el abogado del fideicomiso, dio detalles acerca de la organización del mismo. El letrado explicó que el fiduciante es Miguel Ángel Santoro, ídolo de la institución, mientras que Maratea cumple el rol de fiduciario. También aseguró que el mismo se inscribió en Neuquén porque esa provincia tiene “una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”.
Maratea explicó que se quedará con el 5% del total, mientras que los gastos del fideicomiso serán del 0,8%. «En el contrato está previsto. La ley presume la onerosidad del rol del fiduciario y creo que sobran argumentos para ello, como que Maratea es responsable sustituto para el pago de los impuestos, es agente de registro frente a la Unidad de Información Financiera (UIF) y tiene responsabilidad penal, entre otras”, explicó Levy.
