Este lunes comenzó el juicio en la causa Fútbol para Todos, el proyecto establecido en 2009 que permitió que el torneo de Primera División de la AFA se viera por televisión abierta, luego de un acuerdo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona. Fue en el Tribunal Oral Número 1 de la Cámara Federal, jurado integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg.
El lanzamiento de este programa fue en el predio de Ezeiza, y la presidente a la Nación de aquel entonces anunció que al Estado no le iba a costar nada porque todos sabían que «el fútbol es un gran negocio». Sin embargo, después se supo que los ingresos estaban lejos de alcanzar para cubrir los costos (producción y pagos a la AFA).
Con el acuerdo, el Estado se comprometió a pagarle a la AFA 600 millones de pesos de aquel entonces, a través de la Secretaría de Comunicación Pública que conducía Gabriel Mariotto, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que en ese momento ejercía Aníbal Fernández y luego ocupó Jorge Capitanich.
¿Cuál es la acusación?
En 2014, la legisladora Graciela Ocaña denunció en la Justicia una administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado, y también el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA, por indicios -luego confirmados- de una segunda generación de maniobras, con el cambio de esos cheques en cuevas financieras vinculadas a Grondona en las que se hacían descuentos y nuevos desvíos.
La jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano instruyeron el caso, concluyendo que «ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete de Ministros a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras», y que “el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no solo no se verificó, sino que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente” y no cancelaron las deudas con la AFIP.
En esas conclusiones, la jueza calculó el perjuicio para el Estado en casi diez mil millones de pesos.
La jueza María Romilda Servini de Cubría elevó a juicio oral a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, ex jefes de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; al el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto –ex coordinador del programa FPT-, y a Luis Segura, que fue presidente de la AFA tras morir Grondona, todos por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos para el programa Fútbol para Todos. Todos ellos se sentaron en el banquillo de acusados este lunes a pasadas las 10 de la mañana.
Junto a ellos también estaban Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes Norberto Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano, todos de la AFA; el sindicalista Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados; y Natale Antonio Rigano, ex CEO de la firma Iveco, patrocinadora del Futbol para Todos. Aunque tiempo después Aníbal Fernández admitió que esta empresa pagaba en especies.
Capitanich y Segura participaron por Zoom de la audiencia, que se desarrolló con el dictamen de elevación del caso a juicio.
La causa incluía a José Lemme, ex presidente de Defensa y Justicia; y Rafael Savino, expresidente de San Lorenzo, ambos fallecidos. Antes de ser elevados a juicio, hubo sobreseimientos para un ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Recuerdo de una grabación
Después de la muerte de Grondona, se difundió por televisión una grabación de un diálogo con un ex presidente de Lanús, Alejandro Marón, en la que el Jefe le decía: «Cristina (la presidente) me dijo: ‘El fútbol es política. Me importa un carajo el rating y los horarios'». De hecho, en los entretiempos se pasaba mucha publicidad política, anuncios del programa oficialista 678 y un relator, mientras transmitía por la TV Pública, hasta debió promocionar una biografía de Néstor Kirchner en Telefé, un competidor. Marcelo Araujo, el conductor principal, en la previa de un partido realizó una editorial en la que calificó a Grondona como «el Kirchner de la FIFA».
Después se supo la responsabilidad de Grondona en el FIFAgate. Un documento del FBI lo señala como el coconspirador número 1 y en su declaración ante la Corte de Estados Unidos que investigó el caso, Alejandro Burzaco, que fue CEO de Torneos, admitió que le pagaban coimas.
Aníbal Fernández también tuvo cargos dentro del fútbol: fue presidente de Quilmes de 2011 a 2016.